EL LABERINTO LEGAL DE LOS PISOS TURÍSTICOS

Según informa el diario económico “Expansión”, España tiene diecisiete normativas diferentes que regulan el alquiler de viviendas turísticas, en función de cada Comunidad Autónoma, que como aspecto común tienen que cada vez que se actualizan se vuelven más restrictivas.

Este negocio puede estar en riesgo ante la posibilidad de que una ley permita a las comunidades de vecinos prohibir el uso turístico de las viviendas de un edificio.

Este miedo es el más extendido por todo el país, pero el miedo no se vive con la misma intensidad en unas regiones que en otras, ya que cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa, hasta el punto de que existe todo un laberinto legal para quienes de forma profesional han creado un negocio en torno al alquiler de pisos turísticos por todo el país.

Para empezar, en la mayoría de las CCAA existen entre dos y tres normativas diferentes a aplicar en función del tipo de alquiler turístico.

Hay casos como el de Andalucía donde se pueden llegar a aplicar hasta cuatro disposiciones diferentes (una ley y tres decretos). En otras, como Castilla-La Mancha, todo es más sencillo, pues todo está regulado con una única normativa que, además, data de 1999.

Según el despacho de abogados, al que ha consultado Expansión, las normativas más recientes son cada vez más restrictivas y tienden a controlar el fenómeno de la economía colaborativa.

La Ley de Arrendamientos Urbanos no contempla el arrendamiento de temporada de una vivienda particular. Los jueces tampoco aclaran el asunto. En Madrid, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia anuló la prohibición de alquilar viviendas de uso turístico por menos de cinco días por restringir injustificadamente la competencia, pero sin aclarar dónde pueden encontrarse los límites.

Las Comunidades Autónomas con las normativas más antiguas y, por tanto, menos restrictivas, son Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña, País Vasco o Cantabria, mientras que las más actuales que se han aprobado en Galicia, Baleares o Asturias, son más restrictivas.

La Comunidad de Madrid está trabajando en un borrador de un nuevo decreto que podría entrar en vigor este año, que parece ser que establece que ningún edificio tenga más de un 75% de viviendas destinadas a uso turístico, pero el aspecto que más preocupa, y no sólo en Madrid, es la posibilidad de que una Junta de propietarios de una Comunidad de vecinos pueda prohibir que se arriende una vivienda para uso turístico. Algo que, por lo visto  en la práctica, es casi imposible que se logre, ya que la ley también exige que esta prohibición se haga por unanimidad. Por tanto, bastaría con que el afectado vote en contra en la junta de vecinos para que no prospere esta iniciativa.

Como ejemplo de normativa más completa, la de La Rioja, entre otros motivos, por las definiciones que introduce. Por ejemplo, considera que una vivienda de uso turístico es aquella vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada con finalidad lucrativa en canales de oferta turística, que sea objeto de una cesión temporal de uso en su totalidad y no forme parte de un establecimiento de apartamentos

En otros países de nuestro entorno, como Reino Unido, Finlandia, Países Bajos o Polonia apuestan por la mínima regulación en el ámbito de la economía colaborativa, en línea con la agenda europea, España o Austria siguen el camino contrario. Otros, como República Checa o Dinamarca, todavía están decidiendo qué camino seguir.

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