Google dirá lo que es verdad y lo que no

Según noticia del diario “El País”, el Tribunal Supremo estudia si Google debe borrar sus enlaces a noticias que afecten a particulares y cuyo contenido no refleje exactamente lo que ocurrió. Google dirá lo que es verdad y lo que no.

El Tribunal Supremo ha admitido recientemente a trámite un recurso de casación interpuesto por Google para fijar doctrina sobre el llamado “derecho al olvido” que podría responder a algunas de estas preguntas.

La cuestión de fondo asusta un poco, porque según este criterio, sería Google u otra empresa tecnológica la que tenga que valorar si las noticias de los medios son veraces o no para indexarlas.

El tema no es menor, porque lo que no existe para Google prácticamente no existe.

Los particulares afectados por noticias acuden directamente a Google a reclamar. Porque lo importante no es ya que la información se haya escrito, sino que le gente pueda encontrarla. Y esto fundamentalmente sucede a través de los motores de búsqueda.

El caso que dio lugar a la polémica, sobre un cazador furtivo, funcionario de Medio Ambiente, la Audiencia Nacional reconoce que la noticia tiene un evidente interés público y que los internautas tienen derecho a acceder a ella dado que se trata de un funcionario sancionado por irregularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas, pero añade que el contenido no es “exacto” porque no coincide con la sentencia dictada con posterioridad, por lo que no debe ser indexada. Sería una especie de falta de veracidad sobrevenida. Google, por su parte, defiende que la información se elaboró con diligencia y que nadie puede fabricarse un pasado a la medida.

La tecnológica recurrió, y ahora la Sala Tercera del Tribunal Supremo va a decidir si el derecho al olvido incluye también que se valore la exactitud de los hechos que se pretenden borrar, algo que sería muy complicado de llevar a la práctica y que constituiría un evidente problema para Google.

La única posibilidad sería que el Supremo estableciera unos requisitos muy claros que se puedan aplicar de forma totalmente objetiva, y esto es difícil. Lo lógico sería que la persona acudiera al medio de comunicación, no a Google, que es un mero intermediario técnico y ni tiene sentido ni es viable que tenga que tomar estas decisiones sobre lo que es verdad y lo que no.

El reconocimiento jurídico del derecho al olvido en Europa tiene su origen en 2011, cuando Google defendió ante la Audiencia Nacional su negativa a cancelar datos privados de personas que consideraban que las referencias que el buscador arrojaba sobre ellas lesionaban su dignidad. La multinacional sostenía que eliminar o alterar los contenidos supondría la pérdida de “objetividad” de Internet para caer en la “censura”.

Tres años después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que cualquier persona tiene derecho a solicitar a los motores de búsqueda la retirada de ciertos resultados de las consultas que hagan referencia a ella, aunque siempre ponderando las circunstancias para ver si prevalece la protección de los datos personales o el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Ahora lo que decidirá la justicia española es si, Google, además, debe verificar si la información es exacta. Pero si Google tuviera que valorar la veracidad de las noticias que indexan sus motores de búsqueda le estaríamos trasladando una responsabilidad increíble: la de determinar la verdad.

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